Autorización judicial de venta y curatela representativa

Tasación oficial para autorización judicial de venta de un inmueble

Cuando uno de los propietarios de un inmueble es menor de edad o presenta algún tipo de discapacidad, la legislación regula el procedimiento para la autorización judicial. En este caso, se trata de la Ley 8/2021, de 2 de junio, regula en su capítulo octavo el procedimiento necesario para la autorización judicial de venta de un inmueble. Pero el trámite en sí, el llamado expediente de autorización judicial, se tramita por la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, y la obligación de pedirlo nace del artículo 287 del Código Civil cuando existe curatela representativa. ¡Os contamos todos los detalles sobre este procedimiento!

¿Qué es la autorización judicial para vender un inmueble?

Cuando un inmueble tiene como propietario a un menor o a una persona con una medida de apoyo, se necesita la orden de un juez que autorice la venta. Esta orden sirve como garantía para que la operación se haga en condiciones justas y proteja los intereses de esa persona. Dentro del procedimiento hay dos conceptos que conviene tener muy claros: la curatela y, dentro de ella, la curatela representativa.

¿Qué es la curatela?

La curatela es la figura jurídica que sustituyó a la antigua tutela e incapacitación tras la Ley 8/2021. Su función es ofrecer apoyo a las personas que, por discapacidad, no pueden ejercer su capacidad jurídica con plena autonomía en determinados actos. No existe una única curatela: hay dos modalidades con consecuencias muy distintas a la hora de vender un inmueble.

Curatela asistencial. La persona conserva su capacidad de decisión. Firma ella misma los documentos, con el acompañamiento del curador, pero no necesita que nadie firme en su nombre. En este caso, la venta de un inmueble no requiere autorización judicial.

Curatela representativa. El curador actúa en nombre de la persona porque esta no puede prestar su consentimiento por sí misma. Aquí es donde entra en juego el artículo 287.2 del Código Civil: para enajenar o gravar bienes inmuebles, el curador con funciones representativas necesita siempre autorización judicial previa.

Es esta distinción, y no la curatela en general, la que determina si hace falta pasar por el juzgado antes de vender.

 

 

¿Qué es el curador en una autorización judicial?

El curador es la persona designada por el juez para prestar el apoyo necesario. Cuando su curatela es representativa, además de acompañar y velar por los intereses de la persona a su cargo, actúa en su nombre en los actos que esta no puede realizar por sí misma, siempre dentro de los límites que marca la resolución judicial que estableció la curatela.

¿Se puede vender el inmueble de una persona con discapacidad sin autorización judicial?

No siempre hace falta autorización judicial para vender el inmueble de una persona con discapacidad. Depende del tipo de apoyo que tenga establecido:

Si tiene curatela asistencial, firma ella misma con el acompañamiento del curador, y no es necesaria la autorización judicial.
Si tiene curatela representativa, guarda de hecho actuando en su nombre, o un defensor judicial por existir un conflicto de intereses, sí es obligatorio solicitar la autorización judicial antes de vender.

Un ejemplo habitual: una persona tiene una discapacidad que le impide expresar su voluntad con claridad y su hermana ejerce como curadora representativa. Aunque la venta del inmueble sea claramente beneficiosa para pagar una residencia adaptada, la hermana no puede vender directamente; tiene que solicitar primero la autorización del juzgado.

El procedimiento de autorización judicial de venta. ¿Cuánto tiempo tarda?

No se trata de un procedimiento rápido, por lo que habrá que planear bien los tiempos entre la compraventa de la propiedad y la autorización del juez. Se estima que el plazo medio de resolución es de unos 6 meses desde que se presenta la información y siempre y cuando todos los documentos solicitados por el juzgado se entreguen en tiempo y forma.

Además, el procedimiento consta de una serie de etapas, las cuales son muy importante que conozcas.

La designación del curador

En el caso de que la persona incapacitada no tenga asignada un responsable sobre sus intereses, el primer paso cuando se requiere de una autorización judicial es iniciar el llamado procedimiento especial sobre capacidad, que resultará en el nombramiento de una persona como responsable.

Solicitud de la autorización judicial

El segundo paso deberá realizar la solicitud de la autorización de venta por parte del juzgado. Se realizará por medio de abogado y procurador. En la misma, se debe detallar el motivo de la venta y un precio estimado.

Junto con la solicitud, el juzgado suele solicitar esta documentación

Copia de la resolución judicial que establece la curatela representativa, la guarda de hecho o el defensor judicial.
Nota simple o escritura del inmueble.
Tasación oficial que acredite el valor de mercado.
Informe médico o social, cuando resulte relevante para justificar la necesidad de la venta.
Justificación detallada del destino que se dará al dinero obtenido.

Tasación sobre el inmueble

Para velar por los intereses de la persona incapacitada, es importante que el precio estimado que se le solicita al juez, sea el valor resultante de una tasación oficial inmobiliaria ya que, en caso contrario, el juez le requerirá de un informe de tasación.

La tasación judicial realizada se aportará como prueba al juzgado, para que dé luz verde a la autorización judicial.

Autorización y venta del inmueble

Es el último paso, una vez que el juez aprueba la venta, se puede iniciar de forma directa la venta de la propiedad. Eso sí, existe un limitante en cuanto al valor de la propiedad. Os contamos más sobre esto, más adelante.

¿Cuándo se necesita una autorización judicial para venta de inmuebles?

La autorización es necesaria en circunstancias concretas. Aunque lo más habitual es que se requiera para proteger a uno de los propietarios, hay otros casos en los que también hace falta: cuando existe una disputa legal en torno a la vivienda, cuando el inmueble tiene algún tipo de embargo, cuando hay una relación contractual en la que la propiedad está inmersa, y también para la aceptación de herencias cuando hay herederos con curatela representativa o menores de edad.

Venta de un inmueble con propietario incapacitado, qué ha cambiado con la nueva ley

Es habitual seguir buscando esta situación como “venta de un inmueble con propietario incapacitado”, porque es la forma en que se conocía antes de la reforma de 2021. Se trata, en la práctica, de la misma situación: un inmueble cuyo titular no puede prestar su consentimiento por sí mismo para venderlo. Lo que ha cambiado es la figura jurídica y el procedimiento.

Antes de la Ley 8/2021, a esa persona se le declaraba judicialmente incapaz y se le nombraba un tutor. Hoy en día, la incapacitación judicial como tal ya no existe: en su lugar se establecen medidas de apoyo adaptadas a cada caso, y solo cuando esa medida es una curatela representativa, guarda de hecho representativa o defensor judicial, es necesaria la autorización judicial de venta que veníamos explicando. La persona con discapacidad, además, conserva su capacidad jurídica plena en todo momento, algo que antes no ocurría con la incapacitación.

 

Autorización judicial para aceptación de una herencia

Es el momento en el que más habitual es encontrarse con este tipo de procedimiento judicial. Existen ocasiones en las que, por necesidad realizar el reparto de una herencia, existen propietarios que son menores de edad o personas con incapacidad judicial. En estos casos, el juez requerirá a los herederos un informe que determine y certifique el valor de las propiedades, con el fin de proteger sus intereses. Esta situación se da, tanto en el caso de un reparto de herencia entre herederos como en caso de venta de alguna de las propiedades a un tercero.

Autorización judicial de venta por necesidad económica

También es habitual encontrarse con personas en este procedimiento cuando, la persona sobre la que pesa la incapacidad, precisa de dinero para cualquier tipo de motivo. Es por ejemplo el caso de la venta de las propiedades de personas mayores, para afrontar gastos relativos a sus cuidados.

¿Por qué contratar una tasación para la autorización judicial de venta de un inmueble?

La tasación hay que contratarla porque es el documento que permite al juez verificar si la venta se está realizando a precio de mercado, protegiendo así a la persona titular del inmueble. La tasación actúa como límite a la autorización: si el juez considera que la venta se plantea por debajo de su valor real, puede rechazar la operación.

¿Cuál es el valor aceptado por el juez en el procedimiento de autorización judicial?

Al presentar una tasación oficial de inmuebles ante el juez, este conocerá el valor real de la propiedad y autorizará la venta siempre que el valor fijado esté por encima del valor de tasación. Así, en el caso de un inmueble con un valor de tasación de 100.000 euros, la venta nunca podrá realizarse por menos de esa cantidad.

¿Es válida una pretasación o una valoración de una inmobiliaria para la autorización?

No. El juez sólo autorizará tasaciones oficiales realizadas por tasadores competentes. En este sentido, informes de valoración online, pretasaciones o valoraciones de inmobiliarias NO serán aceptadas en dicho procedimiento.

Ante un procedimiento judicial de este tipo, nunca será válido un informe no vinculante de valoración realizado por inmobiliarias o API, ni valoraciones online de portales inmobiliarios.

¿Cómo afecta a la venta de un inmuebles la nueva Ley de Incapacidad Judicial?

La Ley 8/2021 introduce medidas de apoyo: si el propietario tiene dificultades cognitivas, sensoriales o de comunicación, podrá contar con un curador o asistente que le ayude en el proceso. Ya no se “incapacita” a nadie, la persona conserva su capacidad jurídica plena, aunque pueda necesitar apoyos para ejercerla.

Si la persona tiene establecida una curatela representativa, la autorización judicial puede ser necesaria para proteger sus intereses, igual que antes ocurría con la tutela. Esto significa que la operación puede demorarse hasta que se reciba dicha autorización.

La Ley 8/2021 no impide la venta de un inmueble por una persona con discapacidad, pero sí modifica la forma en que se presta el consentimiento. Ya no se le sustituye automáticamente por un tutor, sino que se articula un sistema flexible de apoyos. En la práctica, esto puede implicar más pasos legales y notariales, e incluso judiciales en ciertos supuestos, lo que alarga el proceso de compraventa, pero lo hace también más garantista.

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Algunas preguntas frecuentes sobre la autorización judicial de venta de inmuebles

¿Cuál es la nueva Ley sobre incapacidad judicial?

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La nueva Ley deroga el concepto de incapacidad y trata de dotar de apoyos (curatela) a la persona para la toma de decisiones. También se suprime el concepto de tutela.

¿Qué es una autorización de venta inmobiliaria?

Es la orden judicial que permite vender un inmueble propiedad de una persona con curatela representativa, guarda de hecho o defensor judicial, en las condiciones que fije el juez, normalmente respaldadas por una tasación oficial.

¿Un curador puede vender bienes sin autorización judicial?

No, si la curatela es representativa. El artículo 287.2 del Código Civil exige autorización judicial previa para enajenar o gravar bienes inmuebles cuando el curador actúa en nombre de la persona. Si la curatela es asistencial, la propia persona firma con apoyo y no hace falta esa autorización.

¿Puede un tutor legal vender una propiedad sin pasar por el juzgado?

No. Cuando se trata de un menor bajo tutela o de una persona con curatela representativa, la venta de un inmueble siempre requiere autorización judicial previa, tramitada como expediente de jurisdicción voluntaria.

¿Qué diferencia hay entre curatela asistencial y curatela representativa?

En la curatela asistencial la persona conserva su capacidad de decisión y firma ella misma, con el acompañamiento del curador. En la curatela representativa, el curador actúa en nombre de la persona, y por eso ciertos actos, como vender un inmueble, necesitan autorización judicial previa.

¿Es lo mismo la autorización judicial para una persona incapacitada que para una persona con discapacidad?

Se trata de la misma situación práctica, pero con distinta terminología legal. Antes de la Ley 8/2021 se hablaba de persona incapacitada y tutor; desde la reforma, la figura equivalente es la persona con curatela representativa y el curador.

 

 

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